Argentina: Aranguren, el fusible de los CEOs

El lunes 6 varios barrios de Buenos Aires amanecieron cubiertos de afiches con la cara del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y un mensaje que decía: “Y tú te vas, te vas, te vas”. Los afiches, que no llevaban firma, fueron el punto más alto de una campaña que se había iniciado algunas semanas atrás,  fuertemente agitada por los medios hegemónicos. A través de estos se hablaba de un quiebre en el gabinete macrista, en donde el ex CEO de Shell habría quedado aislado -a tal punto que habría presentado su renuncia en dos ocasiones- debido a que desde el gobierno se lo culpaba de haber planificado mal las subas de gas y electricidad, volviendo a agitar el fantasma de la conflictividad social. El objetivo de ese discurso no era otro que desviar la atención sobre la mala política energética  hacia su principal responsable. Así, el tarifazo podía explicarse no como una política de Estado, sino como un mal cálculo de Excel del ministro Aranguren, convertido en un fusible que en el momento más conveniente puede saltar.

Felipe Gutiérrez.- La cronología del tarifazo se inicia el 25 de enero, cuando a través de la Resolución 6/2016 se retoma un  definición de precios del Mercado Eléctrico Mayorista en base a criterios económicos, tomando como referencia el precio sin subsidio a $1.427 por megavatio/mes, lo que en la práctica significó un aumento del 345%. Esta medida fue acompañada de otras subas, como la de las naftas, que en mayo acumularon una alza de 31% en 5 meses. Si la implementación del aumento de los combustibles fue gradual (6% en enero, marzo y abril, más el 10% de mayo), con el gas la política fue directamente de shock. El gobernador chubutense Mario das Neves mostró boletas con un aumento de 1800% en su provincia, durante una reunión entre Aranguren, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los gobernadores patagónicos.

El objetivo de fondo del tarifazo es mantener los programas de estímulo a las empresas operadoras, a través de una transferencia de US$4 mil millones pagados por las y los usuarios y ya no por el Estado. En materia de precios la ruptura con la política de precios del kirchnerismo es evidente. A través de subsidios estatales las boletas de luz, agua y gas estuvieron virtualmente congeladas durante una década. Sin embargo, el plan macrista sostiene dos lineamientos del kirchnerismo.

El primero es el estímulo a las operadoras, que tuvo su inicio en 2008 con el Programa Gas Plus que posteriormente sería complementado con otros planes de incentivo a la extracción. En sintonía, el 18 de mayo el Ministerio de Energía creó el Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural. En el texto de la resolución su objetivo es bastante explícito: “resulta necesario continuar con los programas impulsadoscon miras a incrementar en el corto plazo la producción de gas”, consigna. De este modo las empresas que no hubieran sido beneficiarias de los anteriores planes de estímulo, recibieron el compromiso del Estado de ser compensadas hasta alcanzar el valor de 7,5 dólares el millón de BTU “en el caso que el beneficiario no hubiera recibido dicho valor por la venta del gas en el mercado interno” (Resolución 74/2016). Este anuncio fue acompañado por un alza de los precios del “gas viejo” en boca de pozo [1].

Por otra parte, el sostenimiento de los valores pagados a las operadoras mediante el incremento a los y las usuarias fue la base de la política de precios de combustibles que sostuvo el Estado Nacional desde la renacionalización parcial de YPF en 2012. Entre mayo de ese año y diciembre de 2015 se aplicaron 24 aumentos de precios a los productos de YPF, lo que significó una suba de, por ejemplo, un 137% de la nafta super en Capital Federal, mientras que en Mendoza el aumento fue de un 154%[2]. Si bien la suba es similar a la del dólar, va totalmente en contra de los precios internacionales del barril de petróleo que, según el indicador de referencia WTI, era de US$106,1 en mayo de 2012 y de US$41,8 en diciembre de 2015, cuando asumió Macri. De este modo, el gobierno de Cristina Fernández desacopló el petróleo del valor internacional, creando el “barril criollo”, uno de los más caros del mundo[3]. Su objetivo era sostener el efímero “boom de Vaca Muerta” que se vio fuertemente amenazado por la baja del precio del petróleo. No solo los puestos de trabajo sino que la totalidad del proyecto -principal y casi única salida a la crisis energética que esbozó el kirchnerismo- estuvo en entredicho debido a que por sus fuertes costos es “marginalmente rentable” solo con un barril a US$84, en palabras de Galuccio. Según cálculos realizados por el diario Rio Negro, esta transferencia de los consumidores a las petroleras significará unos US$ 6 mil millones durante 2016 (Rio Negro, 17/01/2016).

“Es la política, pavote”

La reacción al tarifazo comenzó en los lugares más fríos del país. El 25 de mayo cerca de 3 mil personas marcharon bajo la lluvia en Bariloche para manifestarse en contra de las subas. Días antes habían presentado un amparo con más de 32 mil firmas, buscando retrotraer las tarifas al valor de marzo. Similares acciones legales se repitieron en todo el país. También reaccionaron otros sectores como el comercio y la industria, que según la Unión Industrial Argentina (UIA) perderían unos 200 mil puestos de trabajo producto de la suba de los servicios. Y aunque Aranguren sostuvo que este era un reajuste gradual y no un shock, a los trabajadores de la recuperada cerámica Zanon no les quedó tan claro eso cuando llegaron las facturas de gas (que aumentó de $ 700 mil a casi $ 8 millones en un mes) y electricidad, (de $ 360 a $ 800 mil) teniendo que destinar cerca de 9 millones de pesos a servicios; el triple de lo que la gestión obrera reparte como sueldos.

De manera tardía, a comienzos de mes, el gobierno retrocedió en algunas de las medidas: puso un tope de 400% a la suba en el sector residencial y 500% en el comercio. En el interin una serie de declaraciones públicas tanto desde el gobierno como de la oposición, así como la filtración de un supuesto acorralamiento del gabinete al ministro, buscaban situarlo a Aranguren como único responsable del tarifazo. A esto abonaban sus antecedentes: no sólo proviene de Shell, sino que es sinónimo de Shell Argentina. Luego de trabajar 37 años ahí, recibió $16 millones en acciones de la multinacional, que casualmente tuvo amplios beneficios con el nuevo gobierno. Primero porque su filial Shell Western se adjudicó siete de las ocho licitaciones de contratos de barcos de gasoil para este invierno; y luego por el contrato de compra de gas a Chile -que a su vez se lo compra a la British Gas, empresa de Shell- a US$ 6,9 el millón de BTU, un 128% más caro que el gas boliviano. Aranguren se defendió señalando que no hay incompatibilidad pues sus acciones son de Shell Internacional y no de su filial Argentina y que todas las decisiones que involucraron a operadoras, fueron firmadas por subalternos. A estos antecedentes se suma su particular estilo de afrontar el conflicto, como cuando justificó las subas frente al Intendente de San Martín, diciendo que “tenía una planilla de Excel que cumplir”.

En efecto la planilla fue llenada de manera particular. Arrojó subas similares en hogares de ingresos muy dispares sin considerar que este aumento golpea distinto a los presupuestos familiares, aún cuando porcentualmente sea lo mismo. De igual manera con las empresas, mientras las grandes pueden recomponer su presupuesto a partir de la suba de los servicios, el impacto sobre los empleos en las medianas y pequeñas es mucho mayor. Aún más gráfico es que no se hayan tenido consideraciones geográficas para limitar las subas, tomando en cuenta las grandes diferencias de temperatura en una punta del país y la otra. Sin embargo, el problema no pasa por una mala planificación -aunque el tarifazo demuestre los límites de la política de Excel- ni solo porque el ministro sea un representante de las empresas -aunque los riesgos están a la vista y siendo denunciados penalmente- si no que tiene que ver con una abierta política de beneficio (“estímulo”) a las grandes corporaciones con el objetivo de atraer capitales.

Ese proceso puede ser rastreado en las políticas de fomento al extractivismo, pilar económico de la gerencia macrista. La trilogía aumento de los subsidios a las petroleras + quita a las retenciones al campo[4] ($16 mil millones en 2015) y la minería ($3300 millones) + fin del cepo, evidencia una política orientada a asegurar la estabilidad financiera de los sectores concentrados que controlan las principales actividades extractivas del país, con particular énfasis en la exportación. En ese sentido hay una suma de decisiones que son ideológicas y que van más allá del problema de pesos más o pesos menos.

Esta concepción quedó en evidencia cuando el Ministerio de Energía lanzó los pliegos de lo que será la licitación de proyectos de energía renovables. El modelo elegido busca la construcción de megaproyectos y las condiciones entregadas solo pueden ser cumplidas por las grandes corporaciones internacionales de la materia. No solo el modelo extractivo del macrismo, sino el que lo sustenta, el energético, busca ser concentrado y de alto impacto socioambiental.

Volver al mundo

En esa misma línea está la importación de gas por Chile, que es un negocio caro y no demasiado relevante para el escenario energético nacional. Sin embargo sus razones se explican más allá del posible enriquecimiento indirecto que le puede generar a un ministro. El negocio no está solo en el gas sino en a quién se le está comprando, en este caso a Chile, país que es visto como modelo por la administración macrista, en particular por su apertura comercial[5]. El ministro de Energía chileno, Máximo Pacheco destacó que la firma del acuerdo es el “inicio de una nueva etapa en la integración energética entre Chile y Argentina”. Macri viajará a ese país durante la primera semana de julio para sumarse como observador en la reunión de la Alianza del Pacífico, instancia multilateral conformada por México, Colombia y Perú, además de Chile, que se ha transformado en el principal espacio regional de interlocución con EEUU. hasta el punto de sumarse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) a través del cual Washington pretende aumentar su influencia en la región.

Aunque por el momento el Mercosur seguirá siendo la principal referencia continental de Argentina, remplazar gas boliviano por la importación desde Chile es una señal muy clara.En última instancia Macri pretende sumarse al TPP, para abrir una nueva época de acuerdos comerciales. Además, antes de ir a Chile, participará en un foro empresarial en Colombia, y después se embarcará a Bélgica para agilizar las negociaciones de un posible Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, gestiones que hasta antes de su victoria electoral estaban congeladas. La movida chilena, entonces, no es un abandono del espacio Mercosur, sino una diversificación de mercados (antes les llamábamos países).

Es este marco político el problema que se plantea hoy en materia energética, donde la permanencia de Aranguren no es anecdótica, pero su eventual destitución sí. En definitiva, el problema no es que Aranguren tenga poco tacto político, como dice Clarin, ni solo es problemática su incompatibilidad para ejercer cargos públicos. El fondo del asunto es la reorientación extractiva de Macri que, como escribió en su Facebook, se prepara para esa “Argentina que viene”, que “vuelve al mundo”.

Argentina kirchnerista burguesa: La manzana de la discordia

Sebastián Hernández tiene 39 años, es el presidente de la Cámara de Fruticultores de Allen y uno de los pocos jóvenes productores que quedan, la mayoría de ellos rozan o han superado los 65 años. El aumento exponencial de la producción hidrocarburífera se desarrolla al ritmo de una crisis del modelo productivo sin parangón. La encrucijada que genera el avance extractivo sobre las tierras productivas abrió una brecha en la que muchos debates fluyen con la fuerza de intereses contrapuestos.

Protesta de productores frutícolas / Martín Barzilai – Subcoop

Por OPSur*.- La sala de la Cámara de Fruticultores de Allen está vacía, es cercano al mediodía. Sebastián Hernández llega agitado, claramente se hizo unos minutos del trabajo para atendernos. Con sus manos curtidas y los dedos entrecruzados sobre la mesa se alista a escucharnos y respondernos sobre la realidad que atraviesa el sector ante el avance extractivo.

-La industria hidrocarburífera en Allen llega a fines de los años ’60, mientras que la fruticultura venía desarrollándose desde las primeras décadas del siglo XX. ¿Tenés referencias de cómo fue esa primera relación entre ambas actividades?

SH: Desde que tengo noción del tiempo como que [la actividad hidrocarburífera] pasaba desapercibida. Había alrededor de veinte, veinticinco pozos, la mayoría estaban en la misma parcela y no se notaba mucho. No había una incidencia, no los veías por todos lados, no había el movimiento que se ve hoy, por ejemplo. No nos influía porque no la veíamos, no había trato alguno, únicamente con el arrendatario, el que le daba el lugar; pero no había trato alguno con la comunidad en general.

-¿Y cuándo lo empezaste a notar?

SH: Hace dos años más o menos, que fue cuando se empezaron a instalar y a hacer más movimiento. Antes en la ciudad no veías una camioneta petrolera, no veías un camión petrolero, y hoy se ve cotidianamente, ya un poco es como si vieras transitar a los productores. Se nota ese boom.

-¿Los productores te comentan cómo es la relación con la empresa en la cotidianidad?

SH: Comentarios de productores he sentido y muchos. En algunos casos satisfactorios, contentos por cómo les iba, porque les pagaban; y en otros casos, mal porque no le pagaban, porque estaban atrasados. Y la verdad es que si esa gente puso un pozo es porque tenía necesidad de máxima urgencia, no le daban los costos en la fruticultura y lo que generaba no le alcanzaba ni para vivir.

Nosotros no tenemos ninguna ley, ningún mandato desde el que podamos decirle al productor que no haga o que no deje entrar a las empresas petroleras a sus chacras, son propiedades privadas y ellos deciden qué hacer con la chacra. En base a eso es que el productor que decide incorporar a sus tierras explotación de hidrocarburos no tiene defensa en la Cámara. Esta es la Cámara de Fruticultores, que trabaja sola y exclusivamente por los productores que producen, y esto no es solamente para los hidrocarburos, también para los loteos. El productor que quiere lotear la chacra, acá no tiene ninguna defensa, ningún acompañamiento, porque creemos que la cantidad de hectáreas que van decayendo en lo que es urbanización y lo que tiene que ver con hidrocarburos, nos genera debilidad.

-¿Por qué considerás que se da el avance de la frontera inmobiliaria y el de la frontera hidrocarburífera? ¿En qué condiciones encuentra al productor frutícola?

SH: El problema  viene  de muchos años anteriores, porque nunca hemos logrado tener un precio en la fruta. Al no tener un precio en la fruta el productor está vendiendo a consignación, a doce meses, y realmente las empresas les pagan lo que quieren. Y el precio lo pone la empresa. Lo que queda [al productor] es lo que queda de la venta menos todos los costos que tiene de embalaje, cajas, etc…

-¿Y no regula el Estado?

SH: No, el Estado no está regulando el precio de la fruta, pone un precio tentativo, que sería el costo de producción, pero no lo impone. Y de esa manera es que el productor ha venido decayendo, no tiene la economía que quiere tener, no es rentable, y al no ser rentable empezamos a cambiar, por ahí, la manera de pensar. Y en muchos productores, al no poder mantener a la familia… porque antes con una chacra vivían tranquilamente los hijos, los padres, todos. Hoy, los padres tratan de mandar a los chicos a estudiar, a salir a ejercer otra carrera que no sea la de fruticultura, y eso lleva a que tenemos un promedio de edad en los productores de 65 a 70 años. Somos pocos los productores que quedamos jóvenes, van quedando productores viejos y ya no tienen la misma fuerza para trabajar, la misma iniciativa, el mismo pensamiento de futuro.

Eso hace que se decaiga en el sentido de lo económico, y lamentablemente es ahí donde entran todas estas oportunidades.

Si uno mira las chacras que se han loteado, son todas de productores que no han tenido posibilidad de seguir viviendo dignamente y alquilan una parte a un precio que es diez veces más de lo que sale una hectárea para producir. Se está pagando 450, 500 pesos por mes por hectárea para producir, y la petrolera ofrecía entre 4500 a 5000 pesos la hectárea por mes. Realmente a un productor que ya es jubilado, que no le alcanza con la jubilación, y anda muy mal económicamente… ahí es donde empieza. Hoy no puedo decir que el hidrocarburo esté matando la fruta, lo que sí puedo decir es que implica un cambio grande en el movimiento de lo que es la fruticultura en Allen.

-¿Es un peligro la industria hidrocarburífera para la fruticultura?

SH: Mientras se regule y se mantengan todas las seguridades que se necesita, creería que no. El problema es que de parte de los gobiernos no hay regulación, no hay inspecciones cotidianas -ver cómo van haciendo los pozos, cómo van perforando- y como siempre pasa, se hace lo más barato y no lo correcto.

En algunas situaciones hemos encontrado irregularidades que las hemos hablado, hasta denunciado. Nos pasó con un pozo en el que se trabó una cabeza [trépano] allá abajo, después nos explicaron que le habían echado cuarenta mil litros de gasoil para destrabarla. Cuando yo, con lo poco que sé, sé que hoy la medida superadora es el nitrógeno líquido, que es lo que hace que destrabe abajo y no el combustible, que en sí es contaminante. Ellos dijeron que sí, que tendrían que haber usado eso, pero es diez veces más caro que el gasoil y todavía no tienen disposición en contra de usar gasoil.  

Después, la otra, con los camiones que llevan el barro que sale de las perforaciones, las bateas, los contenedores, no venían tapados y en una entrada de Allen -donde había lomos de burros, reductores de velocidad- vuelca una parte de ese barro con crudo, que fue mínima, tampoco todo el contenedor. Lo fotografié, lo filmé, lo denuncié a la policía, a Medio Ambiente. Y hoy, a registro de eso, veo los camiones todos con tapas contenedoras para que no haya ningún derrame. Entonces, si se podía hacer eso, había que hacerlo antes de que pase una cosa así.

-¿Hay controles de la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Ves inspectores?

SH: Los pozos los vemos cotidianamente, están entre medio de las chacras. En las chacras uno circula constantemente y no se ve un seguimiento. La única función que cumplió [la Secretaría de Medio Ambiente], creo yo, fue cuando hubo esa trabada de pozo. Ahí sí vinieron y nos mandaron a unos cuantos productores más a analizar el agua de pozo para ver si había habido contaminación. Ese fue el único momento que vi movimiento de parte de la Secretaría de Medio Ambiente, de parte del Estado.

“Nos produce miedo de que con esta incorporación de hidrocarburos en algún momento nos pongan trabas para poder comercializar frutas”

-¿Qué resultados les dio el estudio?

SH: Hasta ahora no me vinieron a mostrar los resultados del agua que habían sacado de la chacra. Eso lo tendrán que hacer público, porque es algo de interés público, la mayoría nos preocupamos.

-Acá están desarrollando tight y se utiliza fractura hidráulica. ¿Escuchaste hablar de la fractura hidráulica?

SH: Sí, los he escuchado a ellos y los he escuchado a los que protegen el medio ambiente, he visto videos, he visto información de otros países sobre lo que está pasando, los reclamos que hay. Y ese miedo se genera en que acá puede suceder algo malo. Si hoy me preguntás, no pondría las manos en el fuego porque no sé lo que podría llegar a pasar entre medio de esta actividad. Siempre hemos dicho que a nosotros nos han ido llevando al punto de tener una fruta inocua, sin contaminantes ni nada de eso, porque es comida. Y sobre esto nos han hecho hacer certificaciones de toda clase para llegar al mundo con fruta de buena calidad y sin residuos tóxicos. Quiere decir que hoy estamos con certificaciones que no te dejan ni tirar ni un litro  de gasoil ni de aceite al piso. Por ejemplo, en Europa hay determinaciones que marcan que para producir hay que estar a más de 500 metros de toda la contaminación que se genera en una autopista. Y eso nos produce miedo de que con esta incorporación de hidrocarburos en algún momento nos pongan trabas para poder comercializar frutas que esté cerca de pozos de gas o de lo que sea.

-¿La empresa se acercó a comentarles cómo realizan la extracción, con qué métodos?

SH: Sí, sí, lo hemos charlado. Se les pidió que como la fruticultura hace una certificación de medio ambiente, que ellos también hagan una certificación de medio ambiente, porque esto no ha sucedido nunca, entre las dos actividades, que haya una certificación o que haya un estudio del impacto ambiental, estando las actividades una al lado de la otra. Qué puede suceder, qué beneficios o qué contras puede tener esto. Eso se lo pedimos para que se trabaje en conjunto, porque de ésa manera podemos dictaminar si realmente podemos llegar a tener problemas a futuro o no. Porque la verdad es que cuando vienen [las petroleras] a una chacra, [para nivelar el terreno y perforar un pozo] le echan caliza, sacan todas las plantas y esa tierra ya no es más productiva. La empresa se va, levanta todo, y esa tierra no va a ser más productiva. Entonces, lo que nosotros tratamos con esto es ver qué impacto va a generar en el tiempo esta situación.

No nos olvidemos que ahora hay casi ciento cincuenta pozos en Allen y, por lo que hablamos con la empresa, vienen por muchos más, y verdad es que eso nos preocupa, porque nos complica en la actividad. No solamente por lo que pueda contaminar o no, porque no lo sabemos, porque es todo nuevo tanta cantidad, y haciendo hidrofractura, antes era todo pozo convencional. No tenemos registros de qué pueda pasar acá pero no queremos estar llorando después de que pasa. Queremos que se tomen los recaudos que se necesitan para que esta actividad no complique más todavía la fruticultura, que está complicadísima en lo económico.

Yo fui clarito con la empresa, le dije: “Mientras que ustedes hagan las cosas como se deben, conmigo no van a tener problemas, más allá de que nos los quiero. Pero el día que los encuentre en algo raro, los voy a denunciar. Están invadiendo una zona productiva con pozos, moviendo maquinaria pesada, ustedes son los que tienen que entrar con cuidado, tratando de hacer las cosas bien”. Si nosotros dejamos pasar en alto esto, un día de estos tiran un contenedor en el medio de la calle, en el medio del pueblo, y uno no quiere eso. Antes lo desviaban tres, cuatro kilómetros, y de a poquito fueron avanzando, como nadie les dice nada, hoy están pasando al límite. No quiero ver un día de estos que cruce un camión con esta batea por la ciudad, porque es de riesgo.

Tenemos calles que las destruyeron cuando vinieron con los camiones a hacer sísmica, las dejaron hundidas cuando estaba Apache, no hubo mantenimiento. Eso también se lo reclamamos a la empresa, pero ellos dijeron que tienen una calle que es la principal y que a esa la van a mantener. Si uno mira las calles principales, tampoco les han dado mucha bola, están con pozos, esas cosas no arreglan, no miran. Lo que han hecho, sí, es romper las rutas alternativas que teníamos para pasar los caños; las han arreglado pero no quedaron como estaban. Y son rutas paralelas a la ruta 22, que nosotros tenemos, para llevar nuestra fruta, para que no haya tanto problema de tráfico.

“El presidente del Deliberante nos dijo: “Pero si ahora con la tecnología que hay pueden ir a producir a la barda”. ¿Te imaginás? Teniendo un valle tan fértil, regado con canales y todo, ¿que te digan eso?”

-Con Apache, ¿había diálogo?

SH: Cero diálogo con Apache, desde que está YSUR recién se empezaron a acercar a la comunidad. Antes no había acercamiento de las empresas petroleras y tampoco había mucho movimiento.

Nos pusimos a charlar con la empresa por el hecho de que los productores quisieron charlar. Si me preguntás a mí, yo no voy a dejar meter un pozo de petróleo en mi chacra. Yo no quiero nada de hidrocarburos en la chacra, prefiero arrancar las plantas, dejar todo limpio, dedicarme a trabajar en algo y mantener la chacra de esa manera, pero nunca voy a dejar entrar. Pero es mi pensamiento, porque no quiero destruir la tierra, porque es ya un problema de sentimientos más que económico. Hemos peleado tanto con la urbanización, porque hemos llegado hasta a un Plan Rector para que no nos avancen. Hemos tenido, por ejemplo, al presidente del Concejo Deliberante que nos dijo: “Pero si ahora con la tecnología que hay pueden ir a producir a la barda”. ¿Te imaginás? Teniendo un valle tan fértil, regado con canales y todo, ¿que te digan eso?

Uno sabe que el hidrocarburo, más allá de que nosotros nos pongamos en contra, es lo que más reditúa a la Provincia, la fruticultura casi no le da nada, porque de ingresos brutos y todas esas cosas estamos exentos. Uno puede entender que todas estas regalías que vienen de parte del hidrocarburo no las consigue de otra manera y por ahí es el fuerte que la Provincia pelea y la fruticultura va quedando a un costado. Pero la verdad es que los sesenta y pico mil puestos de trabajo que genera la fruticultura nunca los va a dar el petróleo. Entonces va a ser un problema mucho mayor dentro de unos años si no cuidamos la producción. Porque es impresionante la mano de obra que se genera. Nomás en Allen hay más de quince mil puestos de trabajo.

“La verdad es que los sesenta y pico mil puestos de trabajo que genera la fruticultura nunca los va a dar el petróleo. Entonces va a ser un problema mucho mayor dentro de unos años si no cuidamos la producción.”