Los escritores de Argentina apoyan a los imdependetistas de Cataluña

Y rechazamos la brutal represión del Estado Burgués Español.

    Carlos Carrasco

El viernes se presenta el informe de represión 2014 de la Argentina

Sigue la represión en Argentina para con el pueblo que reclama salarios dignos

Repudio a la represión de la Policía Federal Argentina (La vergüenza Nacional) a los trabajadores de EMFER y TATSA.

 Una represión más en este año  2014, por parte del aparato represor burgues del Estado Argentino.

Por esto expreso mi “Repudio a  la represión de la Policía Federal Argentina (La vergüenza Nacional) a los trabajadores de EMFER y TATSA”.

Durante la mañana del día martes  7 de Julio la Policía Federal Argentina, con el avalo político del gobierno nacional reprimió  ferozmente y sin pudor a los trabajadores ferroviarios de las empresas EMFER y TATSA  quienes se encontraban manifestándose cortando la avenida General Paz por genuinos reclamos de sueldos y aguinaldos.

Además se estaban manifestándose para defender su fuente de trabajo dado que las empresas fueron vaciadas por distintos funcionarios del gobierno nacional a lo largo de los últimos 10 años de gobierno, como es en la actualidad,  el caso de Claudio Cirigliano según nos informaron los trabajadores.

Este acto de represión no es un acto aislado, sino por el contrario es la represión que tomo la clase dominante para atacar y aplacar el reclamo de los trabajadores (ver el pacto de gobernabilidad de la clase dominante como es el pacto Cristina Kirchner y Mauricio Macri que recientemente dejaron de lado diferencias superficiales para hacer un pacto de gobierno hegemónico burgues).

Los trabajadores que reclamaban por sueldos y aguinaldos fueron brutalmente reprimidos por la Policía Federal Argentina ante el visto bueno del gobieno que además impulsa la judicialización de la protesta social.

El gobierno nacional con su mala politica economica que impulso en estos diez años, creo esta crisis  que además tiene los ingredientes de un pais dependiente economicamente de potencias que están en crisis. Generando un  gran crisis econçomica que quiere descargar sobre las personas y ciudadanos que trababan. 

En los incidentes ocurridos en el día de ayer en el límite de la Ciudad autónoma de Buenos Aires y el partido bonaerense de San Martín resultaron heridos decenas de trabajadores argentinos. Mientras tanto la C.G.T no hace nada mças que un tibio comunicado de repudio como para no perden imagen ante los trabajadores que ven pasivo a su obsoleto gremio burocratica que tranza con la patronal y los dis gobienros de turno entregando a los trabajadores.

Por esto, mi total repudio a la represión y mi apoyo y solidaridad con los compañeros trabajadores de EMFER y TATSA. Hoy martes 8 de julio habrá varios cortes de calles en apoyó a los trabajadores que fueron agredidos por el aparato represor del Estado… en este caso “La Policía Federal Argentina”

                   

                                             Ulises Barreiro
                      (Docente del Bachillerato Popular 1 de  Mayo)

Fotografía de TN: Es interesante ver desde una perspectiva sociológica  las noticias, en este caso como son transmitidas por los medios hegemónicos de información masivos (en este caso de la imagen de TN) que la noticia es “abrieron” la avenida general Paz, y no que “hay seres humanos siendo reprimidos”. Para pensar como diría Chomsky “Los medios no están para informar sino para desinformar”…

Casi todos los responsables en el banquillo

COMENZO EL JUICIO POR LA REPRESION DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001, QUE DEJO UN SALDO DE CINCO MUERTOS

En la primera jornada se leyó parte de los cargos contra los 17 acusados. Se calcula que el juicio puede llegar a durar más de un año. Hubo familiares de las víctimas, representantes de organismos de derechos humanos y militantes.

Enrique Mathov tiene la barba casi blanca y bolsas debajo de los ojos. Es, dentro de la sala, uno de los signos más notables de los doce años que pasaron desde la represión del 20 de diciembre de 2001, que desplegó el gobierno de Fernando de la Rúa en su pretensión de despejar la Plaza de Mayo de protestas y que llevó al asesinato de cinco personas a manos policiales y a herir a otras 117 personas.

La presencia del ex secretario de Seguridad en el banquillo denota, además, la importancia de un juicio donde por primera vez deben rendir cuentas los responsables jerárquicos del accionar policial violento. Junto con él son juzgados por homicidio culposo el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, y el jefe de la Dirección General de Operaciones de la fuerza, Norberto Gauderio. Se suman 13 policías, algunos implicados como autores directos. En la primera audiencia de este proceso que durará más de un año, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) leyó parte de las acusaciones, ante familiares de las víctimas, Madres de Plaza de Mayo, militantes y legisladores.

Ese momento de la lectura, tedioso y burocrático, contiene –sin embargo– los cimientos sobre los que se desarrollará este juicio, que revivirá un punto crítico de la historia del país, antesala de la caída del gobierno de la Alianza, y donde las querellas y la fiscalía buscarán poner a la vista los mecanismos de la violencia institucional, basados en decisiones políticas, ante el conflicto y las manifestaciones sociales. El concepto en el que coinciden las acusaciones es que la represión del 20 de diciembre respondió al objetivo preciso de desalojar Plaza de Mayo ante las protestas y a una orden del poder político dirigida a la Policía Federal para cumplir con ese fin. El planteo es que frente a los abusos policiales, Mathov y los jefes de la fuerza eran, cuanto menos, los garantes de la integridad y la vida de las personas.

Un secretario y una secretaria se turnaban ayer para leer los pedidos de elevación a juicio de los que surge que el ex secretario de Seguridad y los tres jefes policiales están acusados de homicidio culposo (sin intención) por las muertes de Diego Lamagna, Gastón Riva, Alberto Márquez, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto. Algunas querellas han planteado que el homicidio debería considerarse doloso. También se les atribuyen las lesiones sufridas por los manifestantes, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos los acusados llegaron al juicio en libertad, pero en algunos casos las penas que les toquen podrían ser de cumplimiento efectivo. Otro de los funcionarios que debieron haber estado en el juicio era el ex ministro del Interior Ramón Mestre, que falleció.

La audiencia, que empezó pasadas las 11 y terminó cerca de las cinco de la tarde, abarcó también el detalle de las imputaciones contra cuatro ex integrantes de Asuntos Internos (Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez y Orlando Oliveiro), acusados como ejecutores del asesinato de Márquez, quien tenía 57 años y fue baleado cerca del Obelisco. Es el único caso en que se conocen los autores directos de los disparos letales. Una cámara de la propia policía registró todos los movimientos de ese grupo de agentes que dispararon contra los manifestantes que se encontraban en una plazoleta en la avenida 9 de Julio y Sarmiento, como explicaba ayer el abogado Juan Carlos García Dietze, de la querella. Ellos están acusados, a la vez, por las tentativas de homicidio de Paula Simonetti, quien recibió un disparo en la médula, y de Martín Galli, quien recibió un disparo en la cabeza. Ambos sobrevivientes son representados por el abogado Rodolfo Yanzón.

“Hubiese querido que también esté De la Rúa”, comentaba ayer Karina Lamagna, la hermana de Diego Lamagna, un chico de 26 años que recibió un balazo en el pecho cerca de Avenida de Mayo. El ex presidente fue desvinculado del expediente por decisión de la Cámara de Casación Penal, pero no está todo dicho, ya que su situación se encuentra ahora bajo análisis de la Corte Suprema. Entre el público estaba también el hijo de Jorge Cárdenas, cuya foto tendido, sangrando, en las escalinatas del Congreso, fue el anuncio de que se avecinaba una masacre. Cárdenas murió en 2002. Su nombre apareció en la lectura del TOF6, cada vez que se mencionaba el inicio de la represión.

Por la sala más grande de los tribunales de Retiro, conocida como “sala AMIA”, custodiada ayer por Gendarmería, pasaron también el legislador Pablo Ferreyra, el diputado Leonardo Grosso, Madres de Plaza de Mayo como Taty Almeida y Laura Conte, y Horacio Verbitsky, presidente del CELS, que encabeza la querella contra Mathov y los jefes policiales, por las familias de Riva y Lamagna. Entre las querellas, también actúa en el juicio la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), por la familia de Almirón. El fiscal del juicio es Mauricio Viera, quien está acompañado por un grupo de fiscales coadyuvantes.

De los abogados defensores, llamó la atención la presencia de Virgilio Loiácono, en representación de Santos, dado que el abogado está citado como testigo en el juicio, ya que fue secretario Legal y Técnico del gobierno de De la Rúa. Entre las defensas también está Valeria Corbacho, habitual defensora de policías, quien representó a De la Rúa en el juicio de los sobornos del Senado.

Afuera de tribunales había un gran escenario con una pantalla donde se proyectaban imágenes de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Por el juicio oral pasarán 580 testigos. Además de todas las declaraciones, el tribunal –que preside José Martínez Sobrino e integran Rodrigo Giménez Uriburu, Javier Anzoátegui y Adrián Martín– dispone de una semana entera de filmaciones y de varias pericias. Un tema que entrará en el debate es la declaración de estado de sitio, “que fue ilegal porque no se dio intervención al Congreso, ni se explicó qué garantías estaban afectadas ni se estableció el ámbito de aplicación –señaló el abogado del CELS Maximiliano Medina–, pero aunque hubiera sido legal, tampoco podía ser un cheque en blanco para salir a matar”.

Fuente de la info: Diario Pagina 12